La reclasificación del IVA reducido de un 10% a un 21%, propuesto en el recientemente presentado “Informe Lagares”, tendría un impacto directo e inasumible, especialmente en un momento como el actual, en el bolsillo de los consumidores españoles. Esta es la visión de las principales organizaciones que agrupan a la industria y la distribución alimentaria, pero también del consumidor, tal y como confirman los análisis realizados por estas organizaciones.Y es que, según una encuesta recientemente efectuada en las principales ciudades españolas, el 98% de los consumidores cree que reduciría su gasto, en una o varias categorías de productos, en caso de tener que hacer frente a nuevas subidas impositivas.
Los datos no dejan lugar a dudas. Los alimentos gravados al tipo reducido del 10% representaron el pasado año el 64,2% del total del gasto de los hogares en alimentación, con un valor total de 44.481 millones de euros. No en vano, en esta lista figuran productos básicos en la cesta de la compra de los españoles como carnes, pescado fresco, alimentos infantiles, aceite, pasta o conservas, entre otros.
Esto significa que una reclasificación de los bienes sujetos del 10% al 21% implicaría una factura adicional al consumidor de casi 600 euros por familia anuales, según un informe de una organización de consumidores.
En definitiva, como algunos expertos ya han anunciado, esta propuesta sería la más regresiva posible, ya que afectaría especialmente a las rentas más pobres de la población.
La recuperación económica y la generación de empleo en riesgo
Después de seis años de crisis que han provocado un descenso sin precedentes en la renta disponible de las familias, un nuevo incremento de la fiscalidad sobre el consumo podría tener consecuencias devastadoras sobre la confianza del consumidor. Además, un nuevo incremento fiscal en estos bienes tendría un impacto muy negativo no sólo en las categorías afectadas, sino en el conjunto de la cesta de la compra y en todos los sectores profesionales. En este sentido, hay que tener en cuenta que el consumidor lo que gestiona es un presupuesto cerrado y, por tanto, decisiones como la propuesta dejan fuera de la cesta algunos productos, hace que otros se sustituyan por propuestas más económicas, etc., ya que el consumidor no tiene ya margen de maniobra para incrementar su gasto